La Marcha Verde retoma este 22 de enero el camino de sus exigencias de cero impunidad, en momentos en que las autoridades muestran poco interés en llevar los casos de corrupción hasta sus últimas consecuencias.
La entidad vuelve al ruedo un año después de realizar su histórica marcha del 22 de enero del 2017 que encendió el debate sobre la corrupción y movilizó a miles de ciudadanos a lo largo del año pasado por gran parte del territorio nacional levantado la bandera de la transparencia en la administración pública.
Su fortaleza era tal que las marchas masivas, pacífica y ordenadas trascendieron las fronteras nacionales y los dominicanos que reclaman castigo para los corruptos se movilizaron en España, Canadá, Estados Unidos, Alemania y otras naciones.
“El sistema de justicia no mostró la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional”, advierte la Fundación Institucionalidad y Justicia en un comunicado que divulgó el viernes pasado con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial en el que advierte la deficiencia que afecta a la justicia dominicana.
El caso Odebrecht, uno de los más resonantes de los últimos años, luce estancado, a pesar de que el día 7 del de febrero el procurador Jean Alan Rodríguez debe presentar el expediente de los acusados, aunque legalmente puede solicitar la extensión de dicho plazo.
La Marcha Verde inaugura el año con una actividad donde volverá a reclamar que sean sometidos a la justicia los acusados de la comisión de actos de corrupción. La última encuesta Gallup–Hoy, de octubre del 2017, establece que el 53% de los dominicanos estima que en el actual gobierno hay más corrupción que en el anterior.
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