El entregar la suma de 10 mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil pesos a militares y empleados que prestaban servicios en el aeropuerto de La Romana, que entendía que les correspondía más, mientras otros se quedaron con millones, fue lo que generó disgusto y destapó el plan orquestado que facilitó que una avioneta colombiana aterrizara con 625 kilos de cocaína en esa terminal, aseguró este jueves una fuente militar.
Así lo aseguró este jueves el informante que adujo que “si esos militares y empleados disgustados no hubiesen hablado, ese cargamento de droga que trajo esa avioneta al pasado 24 de octubre en la madrugada, y por la que el narcotráfico pagó medio millón de dólares (24 millones de pesos) como soborno, eso no se supiera hoy día”.
La irrefutable fuente de entero crédito confió a El Nacional que los superiores en la terminal aérea, de los 24 millones de pesos, los coroneles se quedaron con 20 millones, dieron al primer teniente de la Policía cuatro millones, y un millón de pesos se repartió entre el asimilado y demás personal militar y civil del aeropuerto.
Indicó la fuente que “empleados declararon que recibieron cinco mil, 10 mil pesos, 15 y 20 mil pesos para que guardaran silencio, pero otros se sintieron engañados y disgustados y hablaron e informaron de la trama a sus superiores”.
También trascendió hoy que el Instituto Dominicanos de Aviación Civil (IDAC), inició una investigación entre los controladores aéreos, ya que los que estuvieron de servicios el día que descendió la avioneta no informaron de la situación, y sólo se reportó una “breve avería”.
La avioneta matrícula HK4909G desde Cartagena, Colombia, aterrizó la noche del 24 de octubre pasado en el aeropuerto de La Romana, donde descargó 23 sacos de cocaína con 25 26 paquetes de un kilo cada uno, y por esa acción fueron cancelados y entregado al Ministerio Público para los fines de sometimiento a la justicia, los coroneles Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército de República Dominicana (ERD), a los que se acusa de confabularse para que la operación fuera exitosa.
El primero, asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, era director de seguridad de la terminal aérea, y el segundo estuvo de encargado de la Dirección Nacional de Control de Droga. La comisión que investiga el alijo de 625 kilos de cocaína, aún no ha determinado en cuantas aeronaves fue enviada a Europa y Estados Unidos.
Además de los coroneles, fueron cancelados y entregados al Ministerio Público, el primer teniente de la Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado militar, Emmanuel Cruz Espinal.
El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, al dar a conocer la primera etapa de las investigaciones, fue enfático en señalar que “las investigaciones continúan abiertas y concluirán cuando se determine el grado de responsabilidad de estos oficiales y de otros que pudieran estar implicados, así como de empleados civiles y militares”.
A los militares se les acusa de violar los artículos 2, 83, 154, 173, 175 y 185 de la Ley Orgánica de las FFAA; los artículos 2, 8, 9, 13, 14, 33, 40 y 52 del Reglamento militar disciplinario, y el teniente policial, de violentar los artículos del 32 al 35, 152, 153 y 156.
“En el aeropuerto corría como pólvora que habían “tumbado” el sistema de vigilancia para permitir que aterrizara una avioneta en la madrugada del 24 de octubre, pero nadie quería hablar, hasta que llegaron los comentarios a los organismos de inteligencia, e iniciamos las investigaciones”, precisó el informante.
Subrayó que se tenía sospecha por informes remitidos por la DEA y las autoridades de Europa, de que en aviones de La Romana llegaron cargamentos de cocaína, pero que el caso se manejó en secreto para descubrir la red”.
Comentarios