El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó a la Fiscalía entregar las tres armas ocupadas al general retirado Rafael Percival Peña en los allanamientos realizado durante los apresamientos de los integrantes de la banda que dirigía su hijo John Percival Matos, acusada de asaltar centros comerciales, sucursales bancarias y de matar un vigilante.
La jueza Kenya Romero impuso un astreinte de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento a la fiscal titular Yeni Berenice Reynoso y a su homólogo Kelvin Colón.
La fiscal presentó al tribunal una carta en la que el comandante general del Ejército, Braulio Alcántara López, solicitaba que se le entregaran las armas del general retirado a la institución.
El general retirado Percival Matos había incoado un recurso de amparo y cumplimiento, en el que solicitaba la entrega de tres armas de fue fuego, una laptop, VHS y un vídeo de la cámara de seguridad de su vivienda.
Percival se amparó en el artículo 160 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y le agregó el 161 párrafo 2, que establece que el militar sólo pierde sus derechos si traiciona a la patria o si tiene una sentencia condenatoria de la cosa irrevocablemente juzgada o si ha perdido sus facultades físicas o mentales.
“Esas son las únicas condiciones en que un militar pierde los derechos adquiridos. Ellos estaban pidiendo arbitrariamente mis armas, pero yo alegué que tenía un derecho adquirido y ella (la fiscal) decía que el derecho de propiedad está por encima de eso”, explicó Percival, quien también es abogado.
La magistrada le preguntó a Percival que para qué utilizaba armas de guerra y éste le contestó que él no es médico, sino guardia y que las armas que tiene le corresponden en su condición de general retirado y que están cargadas a él.
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