Las montañas de la parte norte del municipio de Baní y del distrito municipal de Las Barias, están siendo sometidas a un proceso de extracción de piedras calizas por granceras, las cuales son utilizadas para el puerto que se construye en el proyecto Punta Catalina que construye la empresa Odebrecht en Baní.
Varias de las empresas que realizan las excavaciones no cuentan con permisos de uso de suelo expedido por el ayuntamiento municipal, como es el caso de una que extrae piedras calizas, de la zona conocida como Las Yayitas, en la sección Rio Arriba, que fue la primera en iniciar sus operaciones donde decenas de camiones volteos son vistos cada día transitando por las calles de las comunidades de Río Arriba, Fundación de Peravia y Peravia en su ruta hacia Punta Catalina.
Como parte de la extracción de piedras calizas, una gran extensión de la zona montañosa próximo al cauce del río Baní, está sometida a un proceso de deforestación provocando que una gran cantidad de sedimentos o tierra vaya hacia el cauce del rio Baní, a una distancia de apenas cuatro kilómetros de donde está la obra de toma de agua para la planta de tratamiento del viejo acueducto de Güera, del cual se abastece una parte de la población banileja.
Asimismo, otra grancera que funciona en las proximidades del río Baní opera una planta de agregados de construcción que son vendidos a constructores banilejos y ferreterías, la que junto a la otra grancera que extrae piedras calizas utilizan una parte de casi dos kilómetros de cause como carretera hasta llegar al tramo carretero conocido como la curva de Hilda, casi en la falda del cerro Cucurucho de Peravia entre Río Arriba y Fundación de Peravia.
Recientemente, la sala capitular del Ayuntamiento de Bani, anuló un permiso expedido por el anterior cuerpo de regidores del periodo 2012-2016 a la empres Áridos La Romana para extraer piedras calizas de la loma EL Limón, próximo a El Manaclar, entre las secciones La Montería y Villa Güera.
Para hacer efectiva esa medida, el alcalde Nelson Landesto, directivos de la Sociedad Ecológica El Manaclar, de la dirección provincial de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), de la Cámara de Comercio y Producción, regidoras opuestas y dirigentes comunitarios de la zona se apersonaron a esa montaña justo cuando el operador de una maquina pesada se disponía a desmontar el área.
En igual sentido, los dirigentes comunitarios Andrés Marte y María Herrera, del distrito municipal Las Barias, encabezaron protestas en dicha comunidad en reclamo de que los camiones volteos de una empresa que dirige una ingeniera que opera la extracción de piedras calizas en la zona conocida como Arroyo Cano, no circulen por sus calles sino por la berma del canal Marcos A. Cabral como ella prometió y cuyos terrenos acondicionó.
Según versiones de ambientalistas de Baní, en las solicitudes de permiso para uso de suelo sometidas a la consideración de los concejales del Ayuntamiento de Baní, los proponentes de las granceras no han presentado ningún contrato con la empresa Odebrecht ni mucho menos ningún estudio de remediación de impacto ambiental.
Desde la parte llana del Valle de Peravia, los pobladores de Baní observan una amplia franja blanca de este a oeste que cubre varios kilómetros del radio de acción de las granceras, lo cual pone en riesgo la producción y consumo de agua potable a sus habitantes debido a que las raíces de los arboles que retienen el agua en las montañas son desprendidos del suelo.
Cada día cientos de camiones volteos circulan por los caminos y tramos carreteros de varias comunidades rurales de Baní en su ruta a través de la carretera Sánchez hacia su destino para el rompeolas y zona costera del muelle por donde llegará el carbón mineral para la planta a carbón de Punta Catalina.
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