Se armó el juidero entre funcionarios del Gobierno que quieren declarar sus bienes

martes, 15 de noviembre de 2016

El presidente Danilo Medina dispuso ayer separar de sus cargos a todos los funcionarios de la Administración Pública que al 30 de este mes no cumplan con el mandato de la ley 311-14 que los obliga a presentar su declaración jurada de bienes, una medida que la ciudadanía confía que se cumplirá al pie de la letra.

La ley de referencia establece que todo funcionario del Estado que administre fondos públicos está obligado a presentar ante la Cámara de Cuentas una relación de sus bienes y pasivos, un requisito que no han cumplido 4,727 servidores públicos.
Entre los violadores de la ley figuran senadores, diputados, jueces de cortes y tribunales, alcaldes y regidores, sobre los cuales no aplica la advertencia presidencial dada a conocer por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Son muchos los funcionarios salientes o cesantes que tampoco cumplen con el requisito de ley que los obliga a depositar ante la Cámara de Cuentas en un plazo de 30 días otra declaración jurada sobre su patrimonio para ser comparada con la que ofrecieron al asumir sus respectivos cargos.
Se reputa que todos los funcionarios conocen el alcance del estatuto que dispone la presentación de una relación de su patrimonio antes y después de desempeñar un cargo estatal, por lo que se colige que violan la ley de manera consciente y quién sabe con cuáles propósitos.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos de control fiscal y administrativo han sido en exceso permisivos y tolerantes ante el comportamiento insano y opaco de miles de funcionarios que administran dinero de los contribuyentes.
La medida de retener el pago a los servidores públicos que no cumplen con el requisito de presentar declaración jurada de bienes resulta insuficiente porque no repara la infracción de una ley de orden público y con rango constitucional, por lo que esos funcionarios deben ser cesanteados con efectividad al primero de diciembre, tal y como consta en la advertencia presidencial.
El presidente Medina está compelido a cumplir su promesa de despedir a funcionarios incumplidores de la ley, en tanto que la Cámara de Cuentas debe someter a la justicia a legisladores, jueces, alcaldes y regidores que no cumplan con la obligación de decir con qué patrimonio llegan al Estado y con cuánto salen.