NUEVA YORK.-La promesa electoral del presidente electo Donald Trump de deportar 11 millones de indocumentados cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero del próximo año, tiene preocupado a la comunidad hispana inmigrante en esta ciudad.
Se estima que en la Gran Manzana existe más de medio millón de indocumentados, entre ellos dominicanos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y peruanos.
En el Alto Manhattan donde reside la mayor concentración de dominicanos en Estados Unidos y el exterior, hay inquietud. Se ha escuchado decir a muchos criollos que planean regresar a la República Dominicana o dirigirse a cualquier otro país, entre ellos Canadá o España, para evitar un tedioso proceso de deportación.
Los sin papeles residentes en la urbe quieren saber si desde la Alcaldía se tomarán medidas para protegerlos junto a sus familiares. Hace algunos días, el alcalde Bill de Blasio, en un discurso para reconocer la victoria de Trump no dio ningún dato específico, ni plan de protección contra las anunciadas medidas del nuevo presidente.
Lo único que expresó fue “estamos del lado de la “Estatua de la Libertad” con los brazos abiertos para dar la bienvenida a inmigrantes y refugiados”. “Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, La Gran Manzana continuaría su camino de tolerancia y protección de los derechos civiles de sus ciudadanos”, indicó.
Por su lado, la presidente del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, sí mostró su preocupación de una forma directa al proclamar “Aún no sabemos las implicaciones para Nueva York, pero lo que sí sabemos es que nuestra ciudad mantendrá inquebrantable su esperanza y optimismo para la nación y el mundo.
“Seguiremos siendo una ciudad que respeta y protege a los inmigrantes, a los ciudadanos de diferentes religiones y razas, a la comunidad LGBTQ y un lugar que valora y empodera a las mujeres y a todas nuestras comunidades”. “Somos mejores, más fuertes y prósperos porque estamos comprometidos con la inclusión”, declaró la funcionaria municipal.
Un informe presentado en años recientes por Center for American Progress (CAP, por su sigla en inglés) reveló que la deportación masiva de los 11 millones de indocumentados impactaría negativamente en el 5% de la fuerza laboral, y que una redada masiva le costaría a los contribuyentes $200 mil millones en un espacio de 5 años, sin contar gastos anuales relacionados con la represión interna y en las fronteras, estimados en unos $17 mil millones, es decir habría que agregar otros $85 mil millones.
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