Los principales partidos anunciaron que aplicarán sanciones disciplinarias a aquellos regidores y alcaldes que en el actual periodo de transición aprobaron resoluciones en contra de los intereses de las comunidades que representan e incluso comprometen la actuación de las futuras autoridades.
El jueves 28 de este mes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario de Asuntos Municipales, Ignacio Ditrén, informó en rueda de prensa que rendirá un informe al Comité Político sobre cualquier dirigente que incurra en prácticas de corrupción durante la transición para que sea sancionado.
El 23 de julio el Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió que sancionará a aquellos alcaldes y regidores que hayan incurrido en el incremento de salarios u otro tipo de actividades que atenten contra los bienes públicos en sus respectivos municipios.
Durante la transición en distintos municipios se han llevado a cabo repartos de bienes, otorgamiento de permisos para instalar estaciones de combustibles, ventas de áreas verdes, incrementos salariales y pago de deudas dudosas, entre otras irregularidades.
En muchas comunidades se consideran tardías las reacciones de los partidos en el sentido de que sancionarán a los responsables, cuando ya las decisiones fueron adoptadas y se aplican en perjuicio de los recursos del Estado.
Además, se estima que quienes patrocinaron este tipo de acciones se pueden sancionar sin muchos esfuerzos, pues se sabe quiénes son, ya que han actuado públicamente.
Cada cuatro años, durante el periodo de transición, que es de tres meses, tanto en los municipios como en las instituciones del Gobierno se enajenan alegremente bienes municipales, pues se adoptan decisiones para favorecer a particulares.
Lo que ocurre en muchos municipios con el reparto de los bienes públicos ha sido calificado como una verdadera piñata, que en muchos casos se parte ante la mirada indiferente de las direcciones partidarias.
Sanciones esperadas
La opinión pública y las comunidades afectadas por el festival de repartos que se lleva a cabo en los municipios esperan que los responsables sean sancionados para evitar que se propague a otros periodos de transición y se reedite un “borrón y cuenta nueva”.
Aunque la decisión de sancionar se anunció cuando ya el reparto de los bienes municipales era un hecho consumado hay esperanza de que se apliquen las sanciones, pues en las comunidades afectadas se sabe quiénes fueron los promotores y beneficiarios.
Se espera que la decisión del partido de sancionar no haya sido adoptada para bajar el nivel de crítica que se le formula por su pasividad ante estos hechos graves y no sea más que una especie de “tente ahí”.
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