El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, confirmó hoy que 23 de los 49 asesinatos en el ataque a tiros el pasado fin de semana en una discoteca gay de Orlando eran puertorriqueños.
Miranda extendió su pésame a las familias de los 23 puertorriqueños asesinados e hizo un llamado a la erradicación de los prejuicios por razón de raza y género en todos los sectores sociales.
“Hoy despertamos con la dolorosa noticia de que se han contabilizado 23 puertorriqueños víctimas del ataque sin precedente que se perpetró este sábado en la discoteca Pulse, ubicada en Orlando, Florida”, dijo en un comunicado. Ante dicha pérdida, “vengo obligado a reflexionar sobre todas las problemáticas sociales que convergen para facilitar esta matanza- la intolerancia en cuanto a preferencias de género, la discriminación contra los latinoamericanos en EE.UU. y el amplio acceso a las armas en ese país”.
“Por eso hay que reafirmar nuestro compromiso con estos tres frentes en Puerto Rico y unirnos con nuestra diáspora y el pueblo estadounidense para continuar dando pasos de avance en la dirección de la equidad”, añadió.
En ese sentido, recordó que en Puerto Rico se aprobó el año pasado el matrimonio y las adopciones entre personas del mismo sexo, al tiempo que se ha adoptado en las escuelas un “currículo de equidad de género”.
“Tenemos que tener en cuenta que los prejuicios no desaparecen de un día para otro. Por ejemplo, tan reciente como hace dos semanas -y por primera vez en Puerto Rico- un jurado autorizó el agravante de crimen de odio en el caso del asesinato del joven homosexual Miguel Rodríguez Fernández por razón de su preferencia de género”, apuntó.
Miranda defendió que “hay que continuar educando hasta lograr que las nuevas generaciones no sigan cargando con prejuicios contra minorías” y aseguró que “esta agenda es compartida sin duda entre todos los sectores- el Estado, el sector privado, las comunidades y los grupos religiosos y políticos”.
En cuanto a la regulación de las armas, recordó que recientemente el Departamento de Justicia defendió la constitucionalidad de la Ley local de Armas en un juicio por el que se pretendía “dejar sin efecto requisitos indispensables para garantizar que quienes deciden poseer armas en la isla cumplen con una conducta adecuada y tienen las capacidades y las cualificaciones necesarias que conlleva esa gran responsabilidad”.
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