Por el auge de la delincuencia, el presidente Danilo Medina ordenó que la guardia refuerce a la Policía en la lucha por recuperar las calles hoy bajo virtual control de los delincuentes, una decisión que debe arrojar resultados positivos, antes de que el sosiego ciudadano se ahogue en el río desbordado de la criminalidad.
La incorporación al patrullaje de 3,600 militares puede definirse como una medida oportuna para frenar o disminuir el oleaje de crímenes y delitos que se verifican por todas partes, pero es menester advertir que esa medida por sí sola no resuelve el problema.
Se resalta como un paso positivo el anuncio del procurador Francisco Domínguez Brito, de que se iniciará un programa nacional para dotar de placa e identificación de todas las motocicletas y sus propietarios, a los fines de disponer de un control sobre su circulación en todo el territorio nacional.
Como se sabe, la mayoría de los atracos y asaltos son perpetrados por antisociales que viajan en motocicletas, por lo que resulta imperativo que las autoridades obliguen a que esos vehículos estén dotados de placas y matrículas.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgará un plazo a los propietarios de motocicletas para que adquieran su placa y validen su propiedad y procedencia, tras los cual serán incautadas todas las motocicletas que circulen sin esos requisitos obligatorios.
El patrullaje de guardias y policías hará énfasis en detener vehículos y conductores que circulen sin documentos, lo que ayudaría a disminuir los casos de delincuencia, aunque se requiere también que jueces y fiscales cumplan con su obligación de someter y condenar a los delincuentes.
Hace tiempo que la seguridad ciudadana ha sido ingresada a la sala de emergencia, por lo que todas las medidas que asuman las autoridades para estabilizar el sosiego público serán bien recibidas por una población angustiada y acorralada.
La orden presidencial de incorporar personal militar en labores de patrullaje se recibe como una decisión oportuna que tendría el propósito de detener una hemorragia delictuosa o criminal que ya provoca convulsión social.
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