Bien que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, asuma sus responsabilidades en el caso de las alcaldías cuyos incumbentes cesan el próximo 16 de agosto en que se estarían cometiendo irregularidades. Citó permisos para instalar estaciones de combustibles y otras acciones que atentan contra el medioambiente.
Hay que proceder contra los responsables de las supuestas irregularidades y no limitarse a amenazar, como suele ocurrir, con intervenciones drásticas.
Además de los cabildos deben investigarse todas las anomalías en que se haya incurrido, no solo durante la transición, sino en todas las circunstancias.
Puede darse por descontado de que si el Ministerio Público actuara solo como manda la ley las violaciones ni siquiera, en caso de ser ciertas, se hubieran intentado. Se necesitan buenos ejemplos para restaurar la confianza en la ciudadanía y reducir la impunidad. No se puede dejar que alcaldes y regidores que no fueron reelectos dispongan del patrimonio público sin que haya consecuencias. Bien que Domínguez Brito decidiera actuar.
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