Por la muerte a tiros del alcalde Juan de los Santos y de uno de sus espalderos han aflorado diferentes opiniones sobre la limitación del porte de armas de fuego para controlar la violencia.
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, está consciente de que una nueva ley de armas que establezca mayores controles no frenará los homicidios. Sin embargo, opina que ayudaría contra la violencia y la criminalidad que afectan al país.
Pero como si olvidara que en el Senado cursa un proyecto de ley, la presidenta del cuerpo, Cristina Lizardo, señaló que “este es el momento oportuno” para impulsar la nueva legislación. La historia ha vuelto a repetirse. Ha tenido que ocurrir una tragedia para remover un proyecto que dormía el sueño de los justos en la cámara legislativa.
Lo más inaudito son las condiciones planteadas por Lizardo para que una persona pueda portar un arma. Habla como si careciera de facultad e influencia para que se discutan y aprueben sus puntos de vista, aunque no se esté seguro que la restricción pueda servir de antídoto contra una violencia en la que interviene una amplia gama de factores. Si Fadul y Lizardo unen voluntades hace tiempo que el proyecto sobre armas hubiera sido aprobado. Aunque no sea solución contra la violencia.
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