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El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, consideró hoy que "es una debilidad de nuestra justicia", la variación de la medida de coerción de prisión preventiva en contra del imputado, exteniente coronel de la Policía Nacional Johan Emilio Liriano Sánchez por una garantía económica.
El alto mando policial se expresó en estos términos tras lamentar la puesta en libertad de Liriano Sánchez, vinculado a una presunta red al servicio del narcotráfico y sicariato en el país.
Castro Castillo aseguró que como policías ellos hicieron su trabajo y aportaron todas las pruebas necesarias en contra del oficial que llevaba nueve meses en prisión preventiva en la cárcel de Najayo.
Aparte de la garantía económica de RD$100,000, a través de una póliza de seguro, el Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal dispuso impedimento de salida y presentación los días 30 de cada mes por ante el Ministerio Público que lleva la investigación.
Según la acusación, el exoficial supuestamente formaba parte de una alegada banda compuesta por 13 personas, y que encabezaba el prófugo Salomón Eusebio Rosario (Piki).
Según la Policía, el grupo de supuestos sicarios por paga operaba en La Romana, como centro de mando, para asesinar y realizar cobros compulsivos a personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.
En noviembre del 2013, la Policía dijo que pudo demostrar que Liriano, quien ocupó cargos importantes en la Dirección Nacional de Control de Drogas, hizo transacciones de venta irregular de viviendas a personas vinculadas al sicariato.
Dijo además, que en la finca del teniente coronel, en San Cristóbal, se albergaron a los difuntos sicarios Juan Félix Cordero Febles (Copelín) y Edgar Rafael Rijo Astacio (Maestrico).
También a Liriano se le vincula a la falsificación de la firma de Copelín en un contrato de alquiler dos días después de su muerte.
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