El caso Loma Miranda y Falconbridge llegaría a arbitraje internacional
La minera Falconbridge Dominicana S.A. podría someter a la República Dominicana ante un arbitraje internacional si declara loma Miranda parque nacional y se impidiera la explotación del níquel que se encuentra en la zona, debido a que poseen derechos adquiridos por una concesión otorgada desde 1969, advirtió ayer David Soares, presidente y gerente general de la empresa canadiense.
Sostuvo que en la zona de 67 mil tareas que se convertiría en zona protegida hay cerca de 15 propietarios del área superficial que habría que indemnizar al igual que a Falcondo que es dueña de 22 mil tareas.
“En caso de que se declare nuestra propiedad como parque nacional tendríamos que analizar ese aspecto legal y cómo influiría en la explotación minera, si es así deberíamos analizarlo bien y determinar cuáles serán nuestras acciones legales. El que conoce nuestro acuerdo con el Estado sabe que tenemos mecanismos dentro de esos contratos para hablar con el Estado y llegar a un acuerdo, pero no creo que lleguemos a ese punto. No queremos hablar de arbitraje internacional”, aclaró Soares.
Ganancia de RD. Durante un almuerzo con directivos de medios de comunicación y líderes de opinión, destacó que la operación de Falcondo de manera sostenida en loma Miranda, por un período de 20 años, generaría ganancias netas de US$6,400 millones de los que el Estado recibiría US$5,400 millones y la empresa de capital canadiense apenas US$1,000 millones.
Explicó que se recibirían más de US$1,700 millones en pagos de impuestos y dividendos al Gobierno; más de US$700 millones en inversión; más de US$800 millones en compras a suplidores dominicanos; más de US$700 millones en salarios y beneficios a empleados locales; y más de US$1,500 millones en ahorros para el Sistema Eléctrico Nacional.
“El Estado es nuestro mayor socio; fruto de una tasa de Impuesto Sobre la Renta de 50% y una participación accionaria estatal de un 10%, el 55% de nuestros beneficios son pagados al Gobierno dominicano”, señaló Soares. Es decir que en este proceso que enfrenta a los ambientalistas, religiosos y legisladores con los ejecutivos de Falcondo el Estado es juez y parte.(Fuente periodico HOY)
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