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Por
MARINO BAEZ
Nos
quieren usurpar nuestra nacionalidad y no podemos permitirlo bajo ninguna
circunstancia, ni aceptando el chantaje de grupos anti dominicanos, haitianos y
personas de otras latitudes, como los representantes de Amnistía Internacional
(AI), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y del Caricom, quienes presionan al Gobierno para imponernos
que se vulneren las leyes y la Constitución Dominicana.
Los dominicanos
sensatos y defensores de la nacionalidad, no podemos permitir que esta patria
por la que lucharon Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón
Matías Mella y otros prohombres, para lograr su libertad, sea vulnerada
caprichosa y oportunamente por personas que en su haber y de acuerdo a sus
pronunciamientos sólo defienden intereses económicos.
Por si
se le olvido al Gobierno, el trasiego de haitianos ilegales es apadrinado por vándalos nacionales e
internacionales, sin tomar en consideración el tipo de enfermedad que nos traen
las mujeres embarazadas, los niños y las armas ilegales que entran al país, entre
otros males que nos afectan, lo que se
constituye en una maldición y un atentado a la nacionalidad, que nos toca
negativamente, degenera en la inmoralidad y sustituye la empleomanía, mientras
el país vive protestando por falta de trabajo para poder subsistir.
Es de
rigor el cumplimiento a la sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional (TC),
que regula la definición de la nacionalidad dominicana, cumpliendo el mandato
establecido por nuestra carta magna, mediante el respeto a los derechos que tienen los
dominicanos de no permitir que se fusionen dos culturas que ni en lo más remoto
de la historia contemporánea son afines, aunque ciertas personas financiadas
económicamente por organismos internacionales quieran justificarla.
Debemos
tomarle la palabra a nuestra eminencia reverendísima, cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, a favor de la sentencia del TC, porque es responsable, en
defensa de la nacionalidad dominicana y de nuestros símbolos patrios, visto que
de acuerdo a la Constitución “no son dominicanos los hijos de inmigrantes
ilegales o en tránsito nacidos en este país”.
El
hecho de defender nuestra nacionalidad,
no significa que seamos “racistas”, como
nos han calificado en diversos escenarios. No señores críticos, anti
dominicanos y defensores de los inmigrantes y violadores de los derechos
patrios. Veámoslos más bien, como defensores de los principios que ustedes no
tienen o que quizás no les enseñaron a defender, poniendo como principal activo
la moral de familia.
“En
este país mandamos los dominicanos”. Si Nicolás, a pesar de que somos justos y
condescendientes con los haitianos y otros inmigrantes, a quienes albergamos y
hasta les permitimos que nos sustituyan la mano de obra, les facilitamos mucho
más atención alimenticia y de salud que a las personas que nacieron en este
terruño, tienen las documentaciones requeridas y pagan los impuestos acordes
con las leyes.
“La
gratitud tiene un gran riesgo” (MB) y es oportuno el escenario actual para que
el Gobierno, bajo la tutela formal de la sentencia emitida por el TC, la
Constitución Dominicana y la Ley de Inmigración, responda contundentemente a
quienes han hecho de vocero nacionales e internacionales, su defensa en contra
de la nacionalidad dominicana, deportando a todos los haitianos y de otras
naciones que se encuentren ilegales en nuestro país; y decida luego de su
deportación, quienes pueden entrar al país, siempre que cuenten con los
documentos requeridos.
De
acuerdo con el Articulo 3 de la Constitución, “La soberanía de la Nación Dominicana,
Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno
de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar
o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o
indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una
injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los
atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de
la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional
dominicana”.
Es hora
de actuar y no embargarnos en discursos estériles que sólo contribuyen a nublar
los intereses de la nacionalidad, los principios y las leyes.
El autor es periodista.
Vive en Bonao
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