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OPINIÓN; Síndicos insaciables y corrupción municipal


Por MARINO BAEZ

La administración repentina y a destiempo de los recursos públicos no solo santifica a ministros  que se guarecen en el gobierno con el hurto cohesionado de los presupuestos destinados a la inversión en proyectos de carácter generales, sino que desde un tiempo a esta parte viene tocando los municipios con el robo sistemático de los recursos que reciben los alcaldes a través del pago de arbitrios y la subvención proveniente de la LMD (Liga Municipal Dominicana), sin que ningún organismo del estado pueda regular el uso de esos bienes municipales y llevar a la cárcel a los alcaldes y regidores que en complicidad también se convierten en autores del robo municipal.

Por si los alcaldes no lo recuerdan, de acuerdo con la Ley 3455, sobre organización municipal, publicada el 21 de diciembre de 1952, son funciones de los ayuntamientos municipales planificar la urbanización de la ciudad, sin embargo esto solo planifican las estrategias a implementar para quedarse con una parte de los recursos que mensualmente entran a los ayuntamientos, dilapidación que generalmente se produce en común acuerdo con tesoreros y regidores.

Construir y mantener en buen estado los mataderos, mercados y cementerios, mediante una pulcra administración, son otras de las funciones correspondiente a los ayuntamientos, pero en la actualidad estos han desaparecidos y donde los hay, son lugares putrefactos, inadecuados para sacrificar animales de carnes y para el descanso eterno de los difuntos.

En consonancia con sus pareceres económicos, los alcaldes municipales entienden que los recursos que reciben son para el abultamiento continuo de las nominas en los cabildos, a fin de garantizar los votos en especies de cara a las elecciones por venir; y por ende hacer fortuna mediante actos que riñen contra la moral pública apoderándose de los recursos que deben ser invertidos en proyectos de desarrollo.

A pesar de que es una de las funciones primarias de los ayuntamientos del país, contribuir al buen estado de las vías públicas, velar por la higiene de la ciudad, ayudar a la creación y mantenimiento de Cuerpos de Bomberos, bibliotecas, escuelas y construir canchas deportivas, museos, parques y otros proyectos de desarrollo urbanísticos, los alcaldes no disponen de recursos ni siquiera para recoger la basura que con decencia y valentía pagan mensualmente los ciudadanos.

Son insaciables y mayores los vicios de corrupción mientras más dinero reciben alcaldes y regidores, donde cuando suelen ejecutar una obra cuadruplican el presupuesto, a fin de quedarse con una buena parte del dinero. Nos preguntamos, ¿dónde está la Cámara de Cuentas?, ¿dónde está la Contraloría General de República?, ¿dónde están los auditores de la Liga Municipal Dominicana?, ¿dónde está la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)?, como no tengo respuesta, entiendo que estas entidades también son cómplices del bandidaje existente en los ayuntamientos. 

Los alcaldes fueron electos para responder a las necesidades de carácter municipales, tal y como lo dicta la Ley 3455, mediante el manejo de los bienes y recursos financieros íntegramente y como un conjunto de bienes que representa un valor económico apreciable propiedad de la municipalidad, por lo que ese dinero debe ser invertido en obras de bienestar general, no así en casas de campos individuales, proyectos habitacionales, empresas de transporte, financieras, estaciones de combustibles y hasta sobornos para que sus diabluras no salgan a luz pública.

Irrespetan hasta la saciedad a los munícipes, a tal extremo que muchos de ellos se han mudado del pueblo que los eligió para no enseñar el refajo de la fortuna hecha a costa de las entradas que han llegado a los ayuntamientos y que son parte de los impuestos sobrevaluados que pagan todos los dominicanos.

Es hora de que alguna autoridad con moral y concepto de administración establezca parámetros y responsabilidades contra los síndicos que han hurtado con alevosía el patrimonio de los munícipes, tomando medidas drásticas y aceptables, sin que perezca la buena administración de justicia.

El autor es periodista

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