Bonao constituye el mejor ejemplo del drama de la violencia delincuencial, pues esa comarca, donde opera más de una docena de bandas criminales, ha sido virtualmente secuestrada por el crimen, con los asesinatos de al menos 25 personas en lo que va de año a manos de delincuentes.
Sin incurrir en exageración, puede decirse que a causa del incremento de la delincuencia, en la mayoría de los barrios populares y sectores residenciales se decreta un virtual toque de queda, pues los ciudadanos temen salir de sus casas por temor a ser atracados o asesinados.
A ese fatal ambiente de inseguridad ciudadana se agrega el flagelo de los feminicidios, con reportes de seis mujeres asesinadas por maridos o pretendientes en menos de 24 horas. Una infeliz mujer tuvo que refugiarse en la misma sede de la Fiscalía para evitar que su marido la asesinase.
La criminalidad ha tomado posesión también de los barrios y sectores residenciales donde los vecinos no se atreven a mudar un paso sin el temor de sufrir un asalto o atraco y hasta perder la vida a manos de bandas de antisociales.
No se exagera si se afirma que la delincuencia ha desbordado ya todos los parámetros y que hoy la población está acorralada y temerosa, porque Policía, Ministerio Público ni jueces parecen tener capacidad o voluntad de frenarla.
Decenas de bandas de adolescentes operan en el Gran Santo Domingo y ciudades de provincias con aparente licencia para matar, secuestrar, violar, robar, sin que las autoridades puedan apelar a un Código Penal para impedir sus tropelías, porque para la ley esos delincuentes son “menores en conflicto con la ley”.
Si el Gobierno, Congreso, Justicia, Policía y Ministerio Público insisten en cultivar irresponsabilidad y cobardía, parece cercano el momento cuando los ciudadanos se obliguen a instituir su propia defensa contra la delincuencia, en el entendido de que el derecho a la vida es inalienable.
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