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LAVADO DE ACTIVO; El 80% de los bienes de capo estaban a nombre de José Rijo

José Rijo

El exlanzador de Grandes Ligas José Rijo, supuestamente, sirvió de testaferro al presunto narcotraficante Matías Avelino Castro o Joaquín Espinal Almeyda, y tenía a su nombre el 80% de los bienes propiedad del ahora prófugo, de acuerdo con los fiscales que tienen a cargo la investigación del asesinato del periodista José Agustín Silvestre.
Los investigadores Ingrid Pamela Rijo, Francisco José Polanco, Soraine Vargas, Germán Miranda Villalona, María del Carmen León  y Dulce María Luciano aseguran en la acusación que existen pruebas contra el expelotero que lo responsabilizan en el caso de lavado de activos en violación a la Ley 72-02.
Los procesados
Por el caso hay ocho procesados, mientras que Matías Avelino Castro, presunto cabecilla de la red que  mandó a matar al comunicador José Silvestre, sigue prófugo, por lo que debe ser declarado en rebeldía y continuar el proceso con los restantes que   están presentes, según lo establece el Código Procesal Penal.
Los encartados  son  Ángel Amed Gutiérrez, Elvin Canario D’Óleo (Haina), Fermín Marcelino Calderón, Dennis Junior Serrano (Presión) y Franklin Lugo Mejía (La Máquina ), quienes guardan prisión como medida de coerción.
Además, Raysa Danielis Avelino (en libertad, con una coerción de una garantía económica de RD$1 millón e impedimento de salida) y José Rijo.
De los imputados, Rijo, Marcelino Calderón y el prófugo Avelino Castro, están acusados de lavado de activos.
Además, sobre el presunto capo pesan los cargos de asociación de malhechores y  autor intelectual de asesinato. En tanto los restantes son acusados de asociación de malhechores, porte ilegal de armas de fuego, rapto y asesinato.
Medidas de coerción
La fiscal Pamela Rijo dijo que al exlanzador se le pidió  la medida de coerción consistente en una garantía económica de 20 millones, impedimento de salida y presentación periódica a fin de cada mes.
Precisó  que la medida le será conocida a Rijo el día de la audiencia preliminar que aún no ha sido fijada.
En tanto el hermano del exlanzador, Uldárico Díaz Cruz, a quien las autoridades le atribuyen advertir al prófugo que lo estaban buscando y mantener contacto con éste, en el expediente solo figura como testigo.
Se recuerda que el expelotero  en varias ocasiones dejó plantados a los fiscales de la Unidad de Antilavado  de activos, quienes lo citaron para interrogarlo. Tras varios “plantones”, en diciembre pasado Rijo acudió al llamado y pudo ser interrogado.
En ese momento aseguró que todos sus bienes son el fruto  de su trabajo como pelotero. “Mi dinero mira seis cirugías en mi brazo”, dijo el exlanzador derecho.
Al hablar en rueda de prensa en la Universidad Central del Este (UCE), las magistradas Ingrid Pamela Rijo y Soraine Vargas aseguraron tener pruebas suficientes que sustentan el expediente y para enviar a todos los implicados a juicio de fondo.
Según la acusación, Matías Avelino Castro, alias Daniel o Joaquín Espinal Almeyda o Milton Martínez Rodríguez habría planificado el crimen porque el comunicador lo señaló en la última edición de su revista “La Voz de la Verdad” como el responsable de la muerte del comerciante Ramón Antonio Herrera (Momón) ocurrida  en La Romana.
“Había también un subterráneo, de modo que esto agrava más el problema”, dijo. Explicó que en el hotel, cuya propiedad es reclamada por José Rijo,  había una caleta donde se depositaba cocaína.
Apuntó que otro elemento que agrava la situación de Rijo  es que según las pesquisas pudo haber protegido al prófugo y ayudarlo a escapar. Aseguró que a dos días del asesinato del periodista Rijo y el prófugo se reunieron varias veces.
 Indicó que Rijo era utilizado por su socio Matías   Avelino Castro para reciclar dinero del narcotráfico.
Entre los bienes identificados  y que figuran a nombre del exlanzador derecho figuran: el hotel Las Galeras, una  publicitaria, una constructora  inmobiliaria,  una flotilla de vehículos, fincas, apartamentos (algunos de los cuales Rijo funge como inquilino y otras como fiador, entre otras propiedades). El procurador adjunto dijo que tienen pruebas suficientes que sustentan el proceso.

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