Diversas organizaciones populares reclamaron de la Procuraduría General de la República que ordene una investigación sobre el alegado fraude millonario cometido contra el Estado dominicano por la empresa constructora de un tramo de 15 kilómetros en la carretera Padre Las Casas-Guayabal, de Azua.
Felipe Romero dijo que la Procuraduría debe poner en ejecución la acción pública contra los contratistas de la obra, por considerar que fue sobrevaluada, según un estudio dado a conocer el pasado 26 de octubre.
Según el estudio técnico, la obra era ejecutada mediante el contrato número 170 del 2007 rubricado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la compañía Malespín, que valoró el proyecto en más de 311 millones de pesos.
Señala que pese a que la obra no está terminada, figura en el Ministerio de Obras Públicas como entregada y sobrevaluada en más de 920 millones de pesos.
Del monto original de 311 millones de pesos, el Gobierno había avanzado 241 millones a la empresa Malespín, por lo que restaba por desembolsar la suma de RD$70 millones.
Consideró de escandalosa la revelación, que según afirmaron demanda la acción pública, por lo que dijeron esperar que la Procuraduría General de la República actúe de manera inmediata.
Explicaron que la carretera reparada presentada un avanzado estado de deterioro, pese a figurar como entregada y realizada a una alta inversión realizada por el Estado. Consideraron que en el caso se ha cometido una burda malversación de fondos públicos. El estudio destaca como ilegal que al contrato original con la empresa Malespín se le hicieron dos ademdas por valor de 420 millones de pesos, que elevaron el costo de la obra a un monto superior a los 920 millones de pesos.
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