La investigación que terminó recientemente con la expulsión del Ejército de un coronel que se habría ligado a una red que enviaba “mulas” con drogas al exterior, en especial a Europa, fue fortalecida con dos pesquisas anteriores que supuestamente probaron los nexos del ex oficial con un grupo que robó una suma millonaria en la casa de un viceministro de Salud Pública en la Navidad de 2008.La comisión que averiguó ese comportamiento del oficial, también determinó que un teniente coronel policial habría tenido relación con los autores del hurto en la vivienda de Miguel Eduardo Espinal Núñez, ex funcionario de Salud Pública, caso por el cual fue expulsado de las filas de la institución del orden. La junta mixta que hizo la investigación la integraron tres tres generales de brigada.
El ex coronel Carlos A. Fernández Concepción no fue botado en esa ocasión, a pesar de la recomendación hecha a esos fines, aunque sí fue cancelado el teniente coronel Tomás García Lebrón. Habrían negociado la entrega de varios millones de pesos, US$90 mil y una jeepeta con un sujeto identificado como Anyer Arturo González Cordero.
González Cordero, implicado de manera directa en el robo, había sido contactado por Fernández Concepción para ayudarle a resolver el problema, para lo que el hoy ex oficial se le identificó como miembro del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). Terminada la investigación, al oficial le fue recomendada la expulsión del Ejército y el sometimiento a la Justicia, lo que no ocurrió.
La recomendación consistió, esa vez, en que “sea cancelado el nombramiento que ampara al señor Carlos A. Fernández Concepción como teniente coronel del Ejército, por haber incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, petición hecha conforme lo que establece el artículo 200 de la Ley Orgánica de las FF. AA. Copia del informe fue enviado al jefe de la Policía, quien recomendó al Poder Ejecutivo la expulsión de García Lebrón.
A pesar de lo contenido en el informe, y de que García Lebrón fue cancelado, Fernández Concepción “se la buscó” para no ser sacado de las filas. El informe lo hicieron los generales Rafael Ramírez Ferreira, entonces presidente de la DNCD; y Miguel Cordero Mejía, asignado al DNI.
El entonces Inspector General de la Policía, hoy retirado, José L. Domínguez Castillo, no firmó el informe por diferencias con los otros oficiales. Tras ser expulsado de la Policía, García Lebrón sometió a la Justicia a Fernández Concepción, al que acusó de usar su nombre para extorsionar a González Cordero.
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