Unos 29 mil 200 dominicanos y 864 extranjeros tienen impedimentos de salida del país, pero por las precariedades con que funcionan las instituciones llamadas a ejecutar estas disposiciones, son muchos los casos de gente que logra salir del país. De esa cantidad, existen impedimentos que datan hasta de 15 años, los cuales, en algunos casos no han sido levantados por falta de interés de los afectados o porque las razones que los motivaron siguen vigentes. Las vías de escapes para evadir esas disposiciones legales se producen por el descontrol y en algunos casos corrupción de inspectores de la Direccion General de Migración, por los propios puertos y aeropuertos y en otros casos por la amplia y vulnerable brecha que existe en la frontera con Haití. Entre ese alto número de impedidos figuran personas de toda la escala social: civiles, políticos, militares, ex funcionarios, ex regidores y funcionarios activos que manejan fondos públicos, cuyo impedimento cesa tan pronto terminan sus funciones oficiales. Otros casos de impedimentos muy frecuentes son los derivados de litis judiciales y procesos pendientes por falta de manutención de menores, dejados sin efectos solo cuando el mismo juez que lo impuso solicita su levantamiento.La antigua ley 200, de 1964, que regulaba los impedimentos de salida, estaba llena de imperfecciones y en ocasiones era interpretada y utilizada para dañar personas y reputaciones. Personas inocentes eran a veces detenidas o devueltas de los aeropuertos. Sin embargo, gracias a la nueva legislación del Codigo Procesal Penal, los funcionarios judiciales, políticos y militares no pueden ordenar caprichosa y antojadizamente, como antes, el impedimento de salida del país de ningún ciudadano, si no lo autoriza un juez mediante una sentencia canalizada a través del Ministerio Público y ejecutada finalmente por la Dirección General de Migración.
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