Cinco granceras que operaban en las comunidades de Semana Santa, en San Cristóbal; y Nizao, en la provincia Peravia, fueron clausuradas por las autoridades de Medio Ambiente, al cumplirse el plazo para suspender la extracción de agregados de los ríos. Decenas de agentes de la Policía Ambiental fueron apostados en diferentes puntos para hacer cumplir la Ley 64-00 sobre protección a los recursos naturales. El encargado de Suelos y Aguas de la Secretaría de Medio Ambiente, Manuel Serrano, proclamó que las órdenes están dadas y no hay marcha atrás. En tanto, José Crespo, propietario de una grancera de La Vega, pidió al actual secretario de Medio Ambiente que conceda una audiencia a la Asociación de Granceras para poder explicarle cómo debe ser el plan de manejo ambiental a nivel de esas empresas. “Estamos de acuerdo con lo que él dice. Los ríos deben canalizarse porque están sobresedimentados, pero tiene que ser con un buen plan de manejo ambiental”, indicó. Otro grancero, Osvaldo Gómez, advirtió que de producirse el cierre definitivo de esas empresas, se perderían miles de empleos, con sus nefastas consecuencias. “Estamos hablando directamente de más de 100 mil empleos. Indirectamente afecta al chofer, el obrero de construcción, el maestro constructor. Estamos hablando de medio millón de personas que podrían quedarse sin trabajo”, dijo. Instó a buscar una solución consensuada a la situación.Empresarios fueron advertidos
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio el pasado 14 de agosto un plazo de seis semanas a las granceras para desmontar los equipos que tienen instalados en las proximidades de los ríos, y retirarse incondicionalmente, o de lo contrario se exponían a que los mismos fueran incautados.
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