El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez consideró ayer incompleto el informe de la comisión que investigó la matanza de siete hombres en la comunidad banileja de Paya, a principios de agosto recién pasado, en un hecho ligado al narcotráfico. No obstante, consideró que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, y el senador peledeísta por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, deben renunciar al enfrentamiento que protagonizan, luego que el legislador cuestionara la calidad del informe de la comisión integrada por el presidente Leonel Fernández para investigar la vinculación de varios organismos estatales con el narcotráfico en esa demarcación.“Ese informe lo considero, igual que Vincho Castillo, incompleto”, expresó el prelado después de oficiar una misa conmemorativa del 55 aniversario de la guardería San Vicente de Paúl, que funciona en la intersección de la avenida 27 de Febrero con la calle José Martí, en el barrio Villa Francisca de la capital. Otros sectores de la sociedad han cuestionado ese informe y, al igual que el senador Guerrero, exigen que a las autoridades que identifiquen a los autores intelectuales de la matanza, hecho por el que se encuentran detenidas varias personas. “Sería bueno bueno que ellos aclararan eso. Es mejor que traten de acercarse, que alguien está dispuesto a ayudarlos, para que se sienten y despejen esos equívocos en torno a las respectivas acusaciones”, manifestó López Rodríguez, refiriéndose al impasse entre Jiménez y Guerrero.
El pasado jueves, el procurador emplazó al legislador a que explique el origen de su fortuna y explique por qué uno de sus hijos estuvo preso en Estados Unidos, en reacción a los cuestionamientos a la comisión que el funcionario judicial encabezó junto al jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermén y el ex secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Ramón Antonio Aquino García.
Pide apoyoEn otro orden, López Rodríguez pidió mayor atención del Estado para las instituciones que, como la guardería San Vicente de Paúl, están a cargo de la educación y la alimentacion de la niñez desvalida del país.
Esa institución a cargo de la congregación Hermanas Hijas de la Altagracia tiene una población de más de 300 estudiantes en edad pre-escolar, procedentes de hogares con grandes limitaciones económicas.
“Se necesita que haya una corriente mayor de solidaridad entre todos los dominicanos hacia este tipo de instituciones”, insistió el arzobispo de Santo Domingo.
De su lado, Sor Deyanira Lugo, directora de la guardería, manifestó que más de 10,000 niños han egresado de ese centro, muchos de los cuales son seminaristas, abogados, comunicadores sociales, contadores, técnicos en educación, estudiantes de medicina y de otras ramas del saber.
Afirmó que las Hermanas Hijas de la Altagracia continúan realizando una labor con los infantes de ese centro, cumpliendo con el objetivo de la congregación de “colaborar en la liberación integral de la persona, especialmente de la mujer humilde y trabajadora”.
En el acto religioso participaron profesores, estudiantes, los miembros de la sociedad de padres y amigos de la guardería y representantes de las instituciones que colaboran con su trabajo.
"PREOCUPACIÓN" El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, consideró valedera ayer la preocupación de la Iglesia Católica y de diversos sectores del país con relación al auge de la criminalidad y el narcotráfico.
Hizo un llamado a todas las instituciones responsables de la prevención y combate de la criminalidad en el país a unificar esfuerzos, pero sobre todo a profundizar en sus orígenes.
Manifestó que en la ultima década en el país se ha incrementado la criminalidad, producto de una serie de factores que inciden a nivel mundial, como la globalización y los problemas de carácter económico que impactan la nación dominicana.
Moscoso Segarra sostuvo que todas las instituciones responsables deben reforzar la línea de acción que ejecuta el gobierno con sus programas de Seguridad Democrática y los de la procuraduría General de la República, como las Fiscalías Barriales y las oficinas de atención a las víctimas y los testigos.
“La criminalidad se da antes de que la justicia intervenga, y las estadísticas demuestran que los distintos actores están haciendo su trabajo, ya que más del 80% de los casos judicializados en el Distrito Nacional reciben sentencias condenatorias de los distintos
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