El ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Pelegrín Castillo, expresó este domingo “inquietud” por los “efectos” que podría tener la Ley que declara parque nacional a Loma Miranda, aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional.
En un documento remitido a Bonaocityrd.com señala que su inquietud está relacionada “tanto sobre el monto de las deudas a compensar por concepto de expropiación, como sobre el flujo de inversiones hacia el sector minero, que es el de mayor crecimiento y constituye un importante soporte de la estabilidad macroeconómica del país”.
“Es una gran ironía, que Glencore-Xstrata, que adquirió hace pocos años los yacimientos de FALCONDO, después de serle rechazado su estudio de Impacto Ambiental, y evidenciada la ausencia de licencia social, en virtud de una ley del Congreso con disposiciones expropiatorias, termine recibiendo grandes ingresos por compensación, y en cierta forma relevada de sus obligaciones ambientales y sociales,” enfatiza Castillo.
Expresa que en ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial y después de la Constitución del 2010, que reforzó el régimen de áreas protegidas, resulta de alta conveniencia que la declaración de nuevas áreas protegidas, en especial, de parques nacionales, cuenten con el aval de estudios científicos multidisciplinarios de gran credibilidad nacional e internacional.
“Lamentablemente, esos estudios en el caso de Loma de Miranda no se han efectuado. De modo que, esas indemnizaciones a un grupo de propietarios y a una importante transnacional minera, sin un conocimiento cabal sobre el valor real del área expropiada y los posibles montos de las indemnizaciones, constituyen una decisión de alto riesgo e imprevisibles consecuencias”, agrega.
Señala que esto es así sobre todo porque Loma de Miranda, desde 1996 hasta la aprobación de la ley, solo había sido incluida como referencia de una vista del “Corredor Panorámico de la Vega Real”, por el decreto Nº 233 de 1996”.
El Ministro de Energía y Minas entiende, además, que las fuentes identificadas en la ley para el pago de indemnizaciones no son apropiadas y resultarían insuficientes, para satisfacer la exigencia constitucional del Art. 51, de que las mismas deben ser justas y previas.
Advierte que siendo Glencore-Xstrata una firma minera con sede en Suiza, tendrá la opción de invocar el Acuerdo Para la Protección recíproca de Inversiones entre la República Dominicana y la Confederación Suiza del 2004, por lo que es probable que este diferendo termine dirimiéndose en instancias internacionales.
El Ministro Castillo opina que “todo lo que está aconteciendo en relación a este importante asunto, tiene por causa profunda la ausencia de una política de estado, que garantice una gestión segura, transparente, responsable y equitativa dentro de una visión de ganar-ganar-ganar, de los recursos renovables y no renovables, de la minería metálica y no metálica”.
En ese sentido, Castillo reitero la urgencia de realizar una consulta multisectorial que sirva de base a una nueva Política Minera al servicio de la nación, las comunidades y sus gentes.
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