“El enemigo a vencer en este caso no es la Barrick Gold, sino la incapacidad de los legisladores y los funcionarios”, consideró Frías Agramonte.
Precisó que Manuel Bonilla, presidente de la multinacional, acusó de ignorantes a los legisladores porque no supieron argumentar sobre las partes del contrato, lo que dejó en evidencia el desconocimiento.
“Aprobar un contrato sin leerlo implica consecuencias de carácter disciplinario en el Congreso y no ha pasado nada”, apuntó el científico dominicano.
Agregó que los políticos y legisladores nacionales se enfocan en modificar el contrato por la desventaja económica que representa para el Estado, pero que han obviado el peligro ambiental que podría causar la explotación minera en Cotuí.
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