
El acuerdo es una iniciativa que promueven las organizaciones comprometidas con una mejor enseñanza, conforme a lo explicado a El Nuevo Diario.
Cabe recordar, que amplios sectores nacionales han estado reclamando un mayor presupuesto para la educación, para lograr el deseado estadio de desarrollo en el país.
Los reclamos se trasladaron a los tribunales del país, donde la Coalición Educación Digna, conformada por 165 organizaciones de la sociedad civil junto a 1265 ciudadanos sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo por el cumplimiento del derecho constitucional a la educación y la inversión del 4%, en lo que constituye la más grande acción colectiva de la historia del país por la cantidad de accionantes.
Durante las protestas, la población dominicana expresó su apoyo a la acción de amparo constituyéndose como accionantes más de 500 maestros, y alrededor de 300 padres y madres de niños, así como personalidades de los medios de comunicación, empresarios y políticos.
Elizabeth Mateo Pérez, presidenta del movimiento Toy Jarto y vocera de la Coalición, expreso en la ocasión que la acción de amparo se fundamentaba en la Constitución de la República, de la que nadie está exento y que todos debemos cumplir, mas aun el Presidente de la República y el Congreso Nacional, instituciones que crean las leyes y las ejecutan.
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