John Thomson pasó 18 años en la cárcel por un asesinato que no cometió y por el que fue sentenciado a muerte. Ahora se dedica a ayudar a quienes son condenados por error.

"La fecha de mi ejecución habría coincidido con la graduación de mi hijo, que tenía cuatro años cuando la policía vino a detenerme", explica Thompson a BBC Mundo.
"Mis abogados me habían dicho que solo un milagro podía salvarme porque ya habían agotado todos los recursos posibles", indica Thompson.
Sin embargo, cuando la silla eléctrica ya estaba preparada, un investigador descubrió que el fiscal del distrito de Nueva Orleáns, Harry Connick, había ocultado pruebas; entre ellas la sangre del auténtico asesino, que no se correspondía con la de Thompson.
Desde que salió de la cárcel en 2003, Thompson ha ayudado a decenas de exonerados que, como él, fueron condenados por error.
Thompson acaba de ganar una beca Soros para promover la justicia en Estados Unidos. A lo largo de un año, el exonerado viajará por todo el país e impulsará una campaña nacional para poner de manifiesto los errores del sistema judicial y exigir responsabilidades cuando fiscales o policías incurran en malas prácticas.
Sin indemnizaciones
Aunque en un primer momento un jurado de una corte federal indemnizó a Thompson con US$14 millones -uno por cada año que pasó en una celda aislada en el corredor de la muerte de la cárcel de Angola, en Luisiana- posteriormente la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia y le negó la indemnización.
Como Thompson, la mayoría de exonerados no reciben una compensación tras su puesta en libertad, a pesar de que en la mayoría de los casos han perdido la relación que tenían con su pareja e hijos y salen de la cárcel sin trabajo y sin seguro médico. Además, pueden pasar meses hasta que el sistema es capaz de limpiar unos antecedentes penales que nunca deberían haber existido.
Desde 1992 la organización The Innocence Project ha demostrado con pruebas de ADN la inocencia de cerca de 300 condenados por error. De estos, 17 estaban condenados a muerte.
"Es necesario cambiar la mentalidad de fiscales y policías; a veces están tan convencidos de la culpabilidad del acusado que ignoran otras pruebas o apuestan por el principio de presunción de culpabilidad", explica a BBC Mundo Peter Neufeld, uno de los fundadores de The Innocence Project, que está afiliada a la Universidad Yeshiva de Nueva York.
Para reducir la cifra de condenas por error, Neufeld es partidario de adoptar una actitud más científica y de establecer protocolos como los que tienen los hospitales para evitar infecciones quirúrgicas o las compañías de aviación para evitar accidentes.
"Una simple lista con diez pasos a seguir ha reducido las infecciones quirúrgicas en un 90%, yo creo que podemos hacer lo mismo en el sistema penal", indica.
Los errores más frecuentes son una mala identificación por parte de un testigo ocular o la víctima, práctica de pruebas menos precisas que las de ADN, una admisión de culpabilidad por miedo o coacción,y malas prácticas por parte de abogados, fiscales y la policía.
Algunos fiscales y agentes de policía se oponen a las propuestas de mejora del sistema porque no quieren reconocer que algo está mal o porque temen que los cambios les afecten.
"Los humanos nos equivocamos si nos fiamos de nuestra intuición o memoria; tenemos que apostar por métodos científicos como las pruebas de ADN", afirma Neufeld.
Trece años de media
Un informe de The Innocence Project demuestra que Connick, el fiscal de distrito, retuvo pruebas favorables a la defensa en al menos nueve condenas de muerte (cuatro de los condenados ya han sido exonerados).
John Thomson pasó 18 años en la cárcel por un asesinato que no cometió y por el que fue sentenciado a muerte. Ahora se dedica a ayudar a quienes son condenados por error.La media de tiempo de cárcel por una condena errónea es de trece años. "Mi transición del corredor de la muerte a una vida libre fue fácil y suave pero sé que soy una excepción", afirma Thompson.
El hombre salió de la cárcel un viernes y no tenía casa ni trabajo: "De repente yo tenía cuarenta años, mi padre había muerto y mi madre estaba en una residencia de ancianos". Una semana más tarde había encontrado trabajo en un bufete de abogados y había conocido a la que sería su esposa.
Su trabajo como investigador para el bufete no hizo más que reafirmar su idea de crear una organización que diera apoyo a los exonerados. La destrucción del huracán Katrina convirtió en urgente la necesidad de impulsar un programa de residencia y apoyo a condenados por error del estado de Luisiana.
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