El director del Departamento Financiero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coronel Julio Cesar Sufront Velásquez, reveló este jueves que en la red que alegadamente constituían Sobeida Félix Morel y los demás implicados que dirigía el boricua José Figueroa Agosto también estuvieron involucrados policías y militares, pero no los identificó con nombres por objeción del Ministerio Público (MP). El coronel Sufront Velásquez dijo, además, que en el proceso de investigación en el caso Figueroa Agosto llegó a interrogar a más de cien personas por el delito de lavado de activos.Cuando el abogado Jose Rafael Ariza le preguntó al coronel Sufront Velásquez si en la investigación que encontró que si había funcionarios y militares involucrados en la red, el oficial contestó “funcionarios no, pero militares y policías sí”.
A seguidas, cuando el abogado Ariza le pidió a Sufront Velásquez que mencionara esos militares y policías por sus nombres, la representación del Ministerio Público señaló que ese no era el momento para que revelara esos nombres, porque no están siendo procesados, objetando la petición.
El coronel Sunfront Velásquez, respondiendo otra pregunta, alegó que no podía mencionar sus nombres porque no formaban parte de ese proceso judicial, conforme a la objeción del Ministerio Publico, limitándose a mencionar solamente el nombre del asesinado coronel José Amado González González.
Dijo que Ramón Sánchez y Felipe Rodríguez de la Rosa eran otros de los nombres utilizados por Figueroa Agosto, que tenían cedulas de identidad con esos nombres para ocultar su verdadera identificación, con las cuales pudo conseguir todo los bienes que adquirió.
El testigo Sufront Velásquez admitió que no interrogó a los que expidieron las cédulas falsas a Figueroa Agosto, ni a quien entregó el carnet de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que portaba, ni al funcionario que le expidió el pasaporte, ya que este es un documento oficial, ni a los gerentes de los bancos que le entregaron las tarjetas ni mucho menos interrogó a la persona que le expidió la licencia del arma de fuego ocupada al presunto narcotraficante puertorriqueño.
El director del departamento financiero de la DNCD no pudo explicar por qué no fue sometido a la justicia Michael Dauhajre, quien supuestamente vendió junto a Samy Dauhjre un apartamento a Figueroa Agosto.
De acuerdo a Souffront Velásquez, el general Olivo fue el agente que interrogó al asesinado coronel González y González, pero dijo desconocer los detalles de ese interrogatorio.
Pese a los interrogatorios al ex oficial de la Policía asesinado el 24 de diciembre de 2009 en el sector Bella Vista en la capital, no aparecen documentados, ni grabaciones, pero insistía en que esta persona formaba parte de la red y obedecía órdenes de Figueroa Agosto.
Sostuvo que el apartamento que adquirió en Arroyo Hondo se lo compró en un millón de dólares a un italiano llamado Alberto Benini, el que luego fue adquirido por Eddy Brito y Mary Peláez, para que finalmente fuera ocupado por Figueroa agosto y su esposa.
De igual modo, reconoció que interrogó en la Dirección Nacional de Control, de Drogas, DNCD, sin fiscal y sin abogado a los imputados Mary Peláez y a Juan José Fernández Ibarra, lo que es ilegal de acuerdo el Código Procesal Penal.
El coronel Sunfront Velásquez declaró que Figueroa Agosto, quien se identificaba también como Cristian Almonte, compró varios vehículos, entre ellos un Mercedes Ben donde se encontraron los US$68,000 y que Miguel Martínez se reunió con el boricua en un restaurante donde le entregó US$250,000 como pago del ya mencionado vehiculo y de una yipeta Volvo y otros autos.
El oficial investigador negó la afirmación de Sobeida Félix Morel, de que durante el allanamiento a la Torre Arco Paradisse “se perdiera” un bulto lleno de dólares y que el responsable de esta presunta pérdida fuera el coronel Elvin Familia. En la ocasión, los agentes de la DNCD se incautaron de US$4.6 millones que estaban en una yipeta estacionada en el parqueo del inmueble.
También corroboró el dato de que Guerrero Heredia le vendió una compañía de carpetas a Figueroa Agosto, pero consideró que la venta no fue ilegal, sino “un uso”.
Sufront Velásquez es el primero en declarar por parte del Ministerio Publico, de los 108 testigos ofertados a cargo y descargo.
El abogado José Rafael Ariza, defensor de Mery Peláez y Samy Daujhare, empezó su interrogatorio al testigo desde las 11:00 de la mañana hasta la 6:00 de la tarde.
Ariza llamó mentiroso al coronel Sufront Velásquez, alegando que no pudo ser posible que de mas de cien personas que investigó “solo estos ocho chivitos son lo que integraban la supuesta red”, alusión a los acusados.
Lamentó que el propietario de Luxury Auto, Miguel Martínez, quien conforme al coronel Sufront Velásquez hizo negocio directo con Cristiam Almonte (Figueroa Agosto), y recibió US$250,000 en efectivo, no fuera interrogado por investigador, porque parece que esa suma no le pareció relevante.
También mencionó una finca en Juan Dolio que era propiedad de Cristian Almonte (Figueroa Agosto) y luego del síndico del Guayacanes del Partido de la Liberacion Dominicaca, a quien sólo identificó con el nombre de Danilo, “que fue apresado y luego dejado en libertad por entender que no era necesario”.
El Ministerio Público intentó en varias ocasiones presentar fotos y el acta de defunción de la señora a nombre de quien estaba el contrato, pero finalmente el tribunal acogió tales pruebas.
Los implicados Juan José Fernández Ibarra, Ricardo Ivanovich Smester y Eddy Brito, sobre la admisión de culpabilidad de ella y de los demás acusados hecha por Félix Morel, dijeron que con inventos y mentiras como los que hizo ante el tribunal, lo que busca es incriminar a las personas que compraban los bienes del narco.
Smester dijo que con sus declaraciones, Félix Morel solo viene a demostrar que la Fiscalía no tiene prueba contra ellos y que ha tenido que negociar con ella para poder conseguir los argumentos que no son pruebas.
En tanto, Brito negó que se reuniera en alguna ocasión con Figueroa Agosto y “Angelo Millones” como declaró su ex esposa.
La celeridad del proceso se vio mermada debido a las objeciones, tanto del Ministerio Público como de los abogados de la defensa, en torno a las pruebas documentales que soportan las declaraciones del militar.
Los jueces que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, July Tamariz y Tania Yunes, aplazaron para el próximo 11 de mayo el juicio de fondo que se le sigue a los implicados.
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