
* Asignaciones de contratas y compras de grado a grado
* Archivo de expedientes de corrupción por parte del Departamento para la Prevención de la Corrupción (DEPRECO) y manejo interesado del ministerio público
* La designación masiva de funcionarios públicos, con fines eminentemente electorales como Subsecretarios, Embajadores Adscritos, Vicecónsules, Supervisores de Obras del Estado (hasta en New York), Inspectores de la Presidencia, Subdirectores, Subsecretarios, Militares asimilados a los cuerpos castrenses, entre otros. * Exoneración de los impuestos por importación de combustibles a contratistas, concesionarios, a empresarios, allegados y vinculados con el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana. * La creación de programas como Vamos Pa`rriba que asigna la suma de tres mil pesos mensuales, por un período de tres meses a supuestos desempleados, los que en realidad son activistas políticos, así como la ampliación de los subsidios en los programas sociales, como el de Solidaridad y la creación de 50 mil tarjetas para estudiantes de quinientos pesos, todas ellas de carácter puramente electorero y clientelista. * La condonación de deudas con Instituciones estatales de créditos como es el caso del Banco Agrícola de la República Dominicana y del Banco de Reservas. * Uso de militares en la campaña política y en la compra de dirigentes políticos de la oposición.* El uso de medios de comunicación intervenidos y la masiva e indiscriminada publicidad estatal promocionando la reelección presidencial con una inversión de cientos de millones de pesos. Todas estas acciones tienen como objetivo la destrucción del sistema de partidos en la República Dominicana, lo que constituiría un grave atentado contra la democracia en nuestro Continente.
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